PROCESO DE JUSTICIA, PAZ, VERDAD Y REPARACIÓN ENTRE LAS AUC Y LAS VÍCTIMAS DE SU ACCIONAR

Colombia está desarrollando medidas de justicia transicional en medio de un complejo conflicto que sigue activo y que implica a numerosos actores: el Ejército, grupos paramilitares de extrema derecha, la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos rebeldes. Así mismo, muchas son las causas de la violencia, desde la lucha por los recursos naturales y la propiedad de la tierra hasta el crimen organizado y el tráfico de drogas. Se estima que el número de víctimas de la violencia supera los cuatro millones –Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, que viven en la extrema pobreza.

La vibrante sociedad civil colombiana lucha activamente por la defensa de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El país ha desarrollado también un marco legal para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de una tradición legal fuerte, hay una laguna entre las leyes escritas y la protección de esos derechos en la práctica.

La principal premisa de la ley de Justicia y Paz es conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los grupos armados y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. A pesar de algunos éxitos conseguidos gracias a las confesiones de los paramilitares –llegando a una cifra récord de víctimas registradas con nombres y apellidos (cerca de 400.000) – resulta obvio que el proceso necesita ser reformado si se quiere restaurar la confianza pública y rendir cuentas con los perpetradores y los que les respaldaron.

“Ha llegado el momento de reformar la ley de Justicia y Paz y de desmantelar a los grupos paramilitares, pero también de re-enfocar las investigaciones de la ley hacia aquellos que crearon, financiaron y respaldaron a estos grupos”, dice Marcie Mersky, directora de la Oficina de Programas del ICTJ. “Los resultados deberían incluir la verdad sobre las acciones de los paramilitares, pero también sobre sus soportes políticos y financieros”.

Actualmente, más de 2.000 paramilitares desmovilizados siguen esperando juicio y tan solo se han obtenido siete sentencias.

“El problema en Colombia es que el fenómeno paramilitar no fue solamente criminal, sino también social y político. Sus tentáculos se extendían en todas las áreas de la vida social, política y económica”, explica Paul Seils, vicepresidente del ICTJ. “Y eso significa que las investigaciones deberían incluir a personas de los sectores financieros y políticos, aquellos sin los que hubiera sido imposible que existieran este tipo de organizaciones”.

¿Existe una real justicia, una real reparación y una verdad hacia las víctimas?

Después de haber investigado, y reflexionado sobre el actual proceso de Justicia, Paz, Verdad y reparación entre las AUC y las víctimas de su accionar, se puede anotar en cuanto a lo concerniente a la justicia, que el gobierno nacional ha creado un proceso de reparación de victimas como metodología para alivianar el dolor de las familias, de personas desaparecidas por el conflicto armado que genero las AUC en Colombia, ofreciendo a cambio ciertas cantidades de dinero a dichas familias, quedando convencido de haber reparado el dolor  emocional con lo material; medida que en la realidad no muestra su justicia en este caso, es decir, existe una gran injusticia de este proceso hacia las víctimas de ese conflicto, ya que los victimarios no han sido juzgados y condenados con penas apropiadas legalmente con todo el peso de la justicia nacional e internacional, y no han dispuesto de una justa reparación para quienes fueron afectados por sus conductas punibles.

Por otra parte en cuanto a la reparación, nunca ha existido tal reparación de víctimas, ya que el dolor y los sentimientos de tristezas que encarnan en el corazón de cada núcleo familiar afectado por este flagelo de violencia, nunca podrá ser mitigado y/o reemplazado por sumas de dineros que ofrezca el gobierno y las fundaciones encargadas de tal proceso, puesto que no existe ninguna cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar el amor de esas familias hacia sus seres queridos que fueron víctimas del conflicto.

No obstante, en cuanto a la verdad hacia las víctimas, es preciso resaltar que nunca ha existido ni existirá verdad por parte del gobierno nacional hacia las familias afectadas, ya que algunos hechos de victimización han sido objeto de supresiones, invenciones o deformaciones en los documentos oficiales y en los medios públicos o privados de comunicación social. De igual forma el estado se ha negado, tácita o expresamente, a recordar algunas de las atrocidades cometidas en el marco de procesos de represión ilegal o en el contexto del conflicto armado que se libra en nuestro país.

¿Qué papel debería desempeñar la filosofía y la ética en este proceso?

                                                                         

La filosofía debería cumplir un papel fundamental en este proceso, permitiéndole al gobierno nacional ser un ente más racional que se fundamente no solo en la reparación de víctimas como tal, sino también hablándole con la verdad a las familias y garantizando que se haga justicia con aquellas personas o grupos subversivos que causaron la muerte de sus seres queridos. En este sentido, la filosofía debe desempeñar un rol activo brindando herramientas necesarias que promuevan alternativas de solución por la vía del análisis, la comprensión  y trascendencia del conflicto.

Por otra parte, la ética debe operar como eje dinamizador que permita actuar bajo los buenos principios y valores morales, fomentando la participación activa del gobierno y las familias victimadas a través del dialogo, en busca de una solución definitiva que garantice una real justicia, una real reparación y una real verdad.